​ María Martín Flores

3.500 familias campesinas han tenido que vivir bajo las amenazas de empresarios y terratenientes, durante al menos tres años. Y todo por su derecho a la tierra. El Movimiento Unificado del Aguán (MUCA), fue presionado para vender sus fincas de palma en los años noventa a los empresarios Miguel Facussé, René Morales, y Reinaldo Canales. Otros tanto tuvieron que venderla a la Standart Fruit Company, mientras que otros muchos campesinos luchan por su acceso a las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). Gilberto Ríos, director de FIAN Internacional[1], estima que pueden llegar a contabilizarse hasta 11 conflictos agrarios promovidos por grupos campesinos que buscan el derecho de titularidad de tierras. ¿Cuánto vale el derecho a la tierra?

 

En Honduras, el gobierno acaba de comprar las tierras que cederán al MUCA por un valor de 327 millones de lempiras, 16,8 millones de dólares. Este acuerdo, llega después de tres años de ocupación y lucha campesina, que también ha saldado el precio de la vida a 45 trabajadores agrícolas, dos periodistas, y seis guardias de seguridad de las fincas privadas de los terratenientes.

 

La lucha por el derecho a la tierra del Bajo Aguán comienza en el 2009, pero tiene su origen en los años noventa, con el gobierno de Leonardo Callejas. Este gobierno, de corte neoliberal, promoverá la llamada Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola (LMDSA), que tiene por objeto facilitar la compraventa de las fincas palmeras, y liberalizar las exportaciones agrícolas, promoviendo la privatización de la palma hondureña. Las fincas por esos años estaban en manos de las cooperativas campesinas que habían sido beneficiadas de una reforma agraria comenzada en 1962. Esta reforma entra en contradicción con la LMDSA ya que pretendía un control de las plantaciones agrícolas por parte del Estado, pero que fueran trabajadas por los campesinos. Con la promulgación de la LMDSA, la ya creciente corrupción agrícola y concentración de tierras se expande hasta el punto de que muchos campesinos se ven presionados por los terratenientes a vender sus fincas. Y aquí viene el problema. Para los campesinos que en el 2001 formarán parte del MUCA, la venta de las tierras no fue más que una cesión de las mismas a los empresarios, que conllevó consigo pobreza y reducción de la calidad de vida, con jornadas de trabajo infrahumanas. Desde el punto de vista de los empresarios, sin embargo los campesinos no cedieron las tierras, sino que se las vendieron, debido a la falta de conocimientos técnicos y desarrollo del funcionamiento de las fincas. En definitiva, un analfabetismo que resulta un factor estructural de las sociedades menos desarrolladas, que culmina siempre en conflicto.

 

El culmen de este conflicto fue sin embargo la derogación del decreto 18-2008, promulgado por el gobierno de Manuel Zelaya en el 2008, pero derogado por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el 2010, tras el golpe de estado llevado a cabo por el gobierno de Roberto Michelletti, bajo el tácito apoyo de los Estados Unidos. El decreto 18-2008 suponía una amenaza para los empresarios y el gobierno oligárquico de Honduras, ya que otorgaba la propiedad sobre las tierras a los campesinos no beneficiados por la Reforma Agraria. Los empresarios sentirán amenazada la propiedad de sus tierras, que se traducirá en una presión sobre el gobierno de turno, que conllevará la expulsión de Zelaya del gobierno, y la derogación del mismo.

 

Es en este punto donde comenzarán las ocupaciones de fincas por el Movimiento Unificado del Aguán, entre otros grupos campesinos, por su derecho a la tierra, por su derecho a la vida. En el 2009, los campesinos del Aguán tomarán 958 hectáreas de tierra de la Cooperativa “La Confianza”, 720 hectáreas de la cooperativa “La Aurora” y 786 hectáreas de la cooperativa “San Isidro”, en el Bajo Aguán.  En el 2010, el MUCA tomara un total de 26 fincas de palma africana, pertenecientes a los terratenientes Miguel Facussé, René Moralesy  Reinaldo Canales. Desde la primera ocupación, el gobierno de Porfirio Lobo militarizará la zona, según fuentes oficiales, con el propósito de luchar contra el narcotráfico y las guerrillas armadas del Bajo Aguán, y desarmar a la población campesina. Estos pretextos, auspiciados por la prensa nacional, criminalizarán a los campesinos del Bajo Aguán tildándoles de terroristas, narcotraficantes, e incluso se les llegará a relacionar con la guerrilla armada de las FARC. En realidad, según confirman organizaciones internacionales de derechos humanos y los propios miembros del MUCA, ellos siempre han desarrollado una lucha pacífica por el derecho a las tierras. De este modo, lo que el gobierno orquestará junto con los empresarios de las fincas a través del ejército y fuerzas de seguridad privada, será una violación sistemática de los derechos humanos contra los campesinos de las tierras ocupadas, con el único objetivo de expulsarles de las plantaciones que consideran como suyas y presionarlos para llegar a un acuerdo cuanto antes.

 

El acuerdo llegará el 5 de junio del 2012 entre los campesinos del margen izquierdo del río Aguán y el gobierno. Un año antes, los campesinos del MUCA del margen derecho del río Aguán ya habían firmado el acuerdo con el gobierno, por la concesión de 2.429 hectáreas  un interés del 6% en un periodo de quince años y tres años de gracia. El gobierno se compromete a comprar las tierras a los terratenientes que cederá a la titularidad de los campesinos del MUCA, instándoles a que no puedan venderla. Este acuerdo pone paz a una guerra de empresarios, gobierno y campesinos, denunciada por misiones internacionales de derechos humanos, que llevan observando el conflicto en el terreno desde la primera ocupación de fincas, he incluso por la propia comunidad internacional, que ha costado a Honduras su expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA).  Naciones Unidas ha exigido al gobierno poner fin y condenar sistemáticamente a los autores responsables de los asesinatos, hostigamientos, secuestros y desalojos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, pública y privadas. Lobo Sosa ha reaccionado, y ha puesto en marcha una Comisión de Verdad y Reconciliación dentro de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que si bien constituye un instrumento para volver a ganarse el respeto de la comunidad internacional, es un primer paso hacia el derecho de justicia que se merece la población hondureña.

 

Los países importadores de alimentos también ha reaccionado ante la violación de los derechos de las familias campesinas, y así, como ejemplo, la empresa francesa de energía EDF ha retirado la financiación a la corporación Dinant, propiedad de Miguel Facussé, que también se ha visto afectada por la falta de financiación del Banco Público de Desarrollo Alemán (DEG siglas en alemán). Parlamentarios del Congreso de Estados Unidos, han unido sus voces y enviado una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, exigiéndole una retirada del apoyo armamentístico que Estados Unidos brinda que cada año al gobierno hondureño.  El 28 de mayo finalizaba la primera asamblea de Redes y Organismos internacionales de Derechos Humanos, donde discutieron junto con portavoces del gobierno sobre la situación del Bajo Aguán. El acuerdo del 2012, garantiza la asistencia sanitaria y educativa para las familias del Aguán, así como apoyo técnico que supla el analfabetismo de la población. Unos primeros pasos de un conflicto que llega a su fin.

Sin embargo, aún quedan al menos diez conflictos pendientes de resolución en el Estado hondureño, tal y como afirma el director de FIAN Internacional Gilberto Ríos, bajo un gobierno oligárquico en manos de unos pocos empresarios, en un país donde, según datos del Banco Mundial, 50% de la población vive en pobreza extrema, donde tres de cada cuatro personas pobres pertenecen a las áreas rurales. Aún queda mucho por hacer en la lucha por la tierra.